LA EXPROPIACION EN VENEZUELA

La Expropiación como institución de derecho público, constituye la única excepción al Derecho de Propiedad, al cual nuestra carta magna le otorga el carácter de Derecho Humano Fundamental, ratificando así los tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos.

El Procedimiento Expropiatorio establecido en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, comprende 3 fases: la fase administrativa, la fase amigable y el juicio expropiatorio.

LA FASE ADMINISTRATIVA: comprende dos etapas:

La Primera Etapa “Declaratoria de Utilidad Pública”, en la cual la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos de los Estados o los Concejos Municipales, declaran que una obra es de utilidad pública, a los efectos de que sean expropiados los inmuebles necesarios para su desarrollo. Se exceptúan de esta formalidad de la declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de ferrocarriles, subterráneos, caminos, edificaciones educativas o deportivas, entre otras señaladas por el mismo instrumento legal. A modo de Ejemplo, señalo: La declaratoria de utilidad pública de las viviendas multifamiliares donde habitan familias que tengan más de 10 años en condición de arrendatarios, propiedad de una sola persona natural o jurídica, para el cumplimiento del Proyecto de “Dotación de Viviendas para las Familias que habitan en el Área Metropolitana de Caracas. La Segunda Etapa “Decreto de Expropiación”, que es el acto administrativo dictado por el órgano del poder ejecutivo; facultad que en el orden nacional, le corresponde al Presidente de la República, en el orden estadal al Gobernador, y en los municipios a los Alcaldes. La ley solo se refiere a que si para la ejecución de una obra, que ha sido declarada de utilidad pública, se requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o varios bienes, o de parte de los mismos, pues procederá el decreto. A modo de Ejemplo, señalo: Se ha decretado la adquisición forzosa a Edificios desocupados de vieja data o en proceso de remodelación para ser transformados al régimen de propiedad horizontal para su posterior venta o a Edificios de vieja data ocupados actualmente por inquilinos, para la posterior reventa a los mencionados ocupantes o a Apartamentos nuevos en fase de venta en propiedad horizontal, (caso de las preventas).

 LA FASE AMIGABLE: Consiste en un arreglo amigable que implica la adquisición del inmueble por la vía administrativa y de mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que haya arreglo se hace una compraventa convencional. Las partes involucradas, (Estado y particular), pueden llegar a un acuerdo sobre la justa indemnización que el expropiado va a recibir. Esta fase, es de naturaleza administrativa y el arreglo, es un contrato administrativo destinado a la fijación del monto de la indemnización, cuya base es un convenimiento. (definición de la Sala).

 El carácter administrativo del arreglo, del caracter administrativo al que me refiero, dependerá la posibilidad de ejercer o no en conttra de los mismos los Recursos por ante el Tribunal Supremo de Justicia, por no tratarse de una sentencia judicial. La Autoridad Pública y el administrado, quienes evitan el tener que acudir al juicio, o segunda fase del procedimiento expropiatorio, quedando pendiente únicamente la fase del justiprecio, la entrega del inmueble y el pago de la justa indemnización, ello con la designación de los expertos que han de integrar la Comisión de Avalúos encargada de valorar el inmueble propiedad del expropiado. Cito textualmente, el Artículo 22. De la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social: “El ente expropiante, una vez publicado el decreto de expropiación, procederá a iniciar el trámite de adquisición del bien afectado por vía del arreglo amigable y, a tales efectos, lo hará valorar por peritos designados de conformidad con el artículo 19 de esta Ley, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo 20 ejusdem. A los fines de la notificación a los propietarios, poseedores y, en general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien afectado, ésta se hará mediante la publicación de un aviso de prensa, publicado por una sola vez, en un diario de los de mayor circulación nacional y en alguno de la localidad donde se encuentre el bien, si lo hubiere, para que dentro de los treinta (30) días continuos siguientes contados a partir de su publicación, concurran ante la entidad expropiante. El justiprecio del bien a expropiar será notificado por escrito a los propietarios o sus representantes legales, quienes deberán manifestar en el acto de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por escrito, si aceptan o no la tasación practicada. En caso de no concurrir ningún interesado o de no aceptación, por alguna de las partes del justiprecio practicado, se dará por agotado el arreglo amigable y el ente expropiante podrá acudir a la vía judicial para solicitar la expropiación del bien afectado”. Conforme a la norma transcrita, las partes deben agotar la fase administrativa del proceso expropiatorio relativo al arreglo amigable. En caso de no llegar a un acuerdo, los órganos de la Administración Pública involucrados en la ejecución de la expropiación podrán iniciar la etapa judicial de dicho proceso.

 EL JUICIO DE EXPROPIACION: Lo ejerce la Administración Pública una vez agotado el arreglo amigable, sin resultados positivos. Cito textualmente los artículos pertinentes que se explican por si mismos, así: Artículo 23.El Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien, conocerá de los juicios de expropiación; y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa. Cuando la República sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará directamente ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa. Requisitos de la solicitud de expropiación Artículo 24. La solicitud de expropiación indicará el bien objeto de ella y los elementos que contribuyan a su identificación. También indicará el nombre y apellido del propietario o propietarios, poseedores o arrendatarios, si fueren conocidos Artículo 25. La autoridad judicial, ante quien se introduzca la solicitud de expropiación dentro del tercer día de su presentación, pedirá a la Oficina de Registro respectiva, cuando no hubieren sido acompañados a la solicitud, todos los datos concernientes a la propiedad y los gravámenes relativos al bien que se pretende expropiar, los cuales deberán ser remitidos a la brevedad posible. Artículo 26.La autoridad judicial que conozca de la solicitud de expropiación, conforme a los datos suministrados por la Oficina de Registro respectiva, deberá dentro de los tres (3) días de despacho siguiente a su recepción, ordenar la publicación del edicto en el cual se emplazará a los presuntos propietarios, poseedores, arrendatarios, acreedores y, en general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien que se pretenda expropiar. Artículo 27.Las personas emplazadas, conforme al artículo 26 de esta Ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la última publicación, comparecerán al tribunal Acto de contestación a la solicitud Artículo 28. La contestación a la solicitud de expropiación se verificará en el tercer (3°) día de despacho siguiente al vencimiento del lapso fijado en el artículo 27 de esta Ley Oposición a la solicitud Artículo 29. En caso de formularse oposición a la solicitud de expropiación, se abrirá un lapso de quince (15) días de despacho para promover y evacuar las pruebas que fueren pertinentes. Fundamentos a la oposición de la solicitud Artículo 30. La oposición a la solicitud de expropiación podrá fundarse en violación de las disposiciones contenidas en esta Ley, o en que la expropiación deba ser total, ya que la parcial inutilizaría el bien o lo haría impropio para el uso a que está destinado. Para hacer oposición, es necesario que quien la intente aduzca la prueba de su derecho al bien sobre el cual versa la expropiación. En consecuencia, sin este requisito no podrá hacerse uso de ninguna defensa. Podrá hacer oposición el propietario del bien o cualquiera otra persona que tuviere un derecho real sobre el mismo. Derechos del poseedor Artículo 31. El poseedor tiene derecho a hacerse parte en el juicio de expropiación a fin de solicitar del precio del bien expropiado, la cuota que le corresponda por el valor de sus mejoras y por los perjuicios que se le causen. Relación, informes y sentencia Artículo 32. El día de despacho siguiente al vencimiento del lapso probatorio, el Juez fijará el inicio de la relación de la causa, la cual no deberá exceder de sesenta (60) días continuos. El mismo día en que termine la relación, el tribunal fijará el segundo día de despacho siguiente para la presentación de los informes de las partes. La sentencia se dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los informes Declarada por la autoridad judicial la necesidad de adquirir el todo o parte de la propiedad o algún otro derecho, según lo alegado, probado en autos y firme la decisión, se señalará día y hora para que las partes concurran a fin de lograr un avenimiento sobre el precio del bien objeto de la expropiación, tomando como base el valor establecido por la Comisión de Avalúos designada, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley.

ACOTACIONES: la Nueva ley otorga al Ejecutivo mayor facilidad para expropiar y ocupar bienes y servicios que considere de “utilidad pública”, amplía las categorías de establecimientos susceptibles de ser expropiados, al punto que establece que el Ejecutivo puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos. Tales ilícitos comprende el remarcaje de precios, acaparamiento, precio superior al fijado por el gobierno, etc. Además la Ley faculta al Ejecutivo para adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio. La acción del Estado se amplía así a "todo tipo de bienes y servicios relacionados con las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización". Además, se eliminó el requisito de que la Asamblea Nacional apruebe la declaratoria de utilidad pública, por lo que podrá determinarlo directamente el Ejecutivo. Dejo a Uds. Sus propias conclusiones, de las ventajas y desventajas de este nuevo procedimiento expropiatorio.http:// LA EXPROPIACION EN VENEZUELA/ESCRITORIORJLEGALDOCENTE.BLOGSPOT.COM